La invalidación de la orden de aprehensión de un coimputado clave del exgobernador Corral impacta los avances de la fiscalía local.
Las consecuencias de la reestructura de la deuda de Chihuahua escalaron al terreno federal, restando fuerza a las autoridades del estado. La concesión de un amparo a José Pedro López Elías mandata la suspensión total de la orden de detención del fuero común emitida en enero de 2025. Este asunto se desprende del escrutinio iniciado por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua contra la administración de Javier Corral. La fiscalía estatal anticorrupción tipificó las asesorías financieras del despacho de López Elías como un presunto peculado, alegando daño patrimonial directo a la tesorería local. No obstante, las pretensiones punitivas locales se toparon con un muro de restricciones constitucionales. La resolución de la jueza federal Madhay Soto Morales evidenció un error de origen en el proceso: la falta de competencia de los tribunales de Chihuahua. Al resolverse previamente que el caso matriz del exgobernador Corral era de índole federal, la situación del empresario civil siguió el mismo rumbo procesal. El impacto institucional es innegable, ya que limita el campo de acción de las fiscalías regionales en casos que involucren partidas presupuestales de origen federalizado. El revés para el gobierno del estado pone en duda la viabilidad de sus estrategias de fiscalización.
El dictamen emitido representa un fuerte freno al aparato de justicia penal de Chihuahua. Hasta que no se agote el recurso de revisión, el caso permanecerá congelado en el fuero local, a la espera de un veredicto definitivo.
