La iniciativa laboral impulsada por Isaías ha generado preocupación entre especialistas y trabajadores, al plantear un modelo de formalidad basado en registros mínimos que no garantizan plenamente derechos fundamentales como la salud y la pensión.
De acuerdo con los señalamientos, la propuesta redefine el concepto de empleo formal al reducir las obligaciones patronales y limitar la protección social a esquemas básicos de afiliación. Analistas advierten que esta visión podría institucionalizar una forma de precarización legalizada, donde el trabajador aparece registrado, pero carece de respaldo suficiente.
Expertos sostienen que el acceso integral a servicios de salud y a una pensión digna no son beneficios opcionales, sino pilares del trabajo formal. Alertan que debilitar estos derechos bajo el argumento de facilitar el cumplimiento patronal rompe con el principio de progresividad establecido en la legislación laboral.
Diversas voces han subrayado que la iniciativa prioriza la reducción de costos empresariales sobre la estabilidad y seguridad de los trabajadores, lo que podría tener consecuencias sociales de largo plazo, especialmente en sectores con alta rotación y bajos ingresos.
El debate continúa abierto, con llamados a que cualquier reforma laboral preserve el núcleo de los derechos laborales y evite que la formalidad se convierta en una figura sin protección real.
