La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que considere no declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.
La funcionaria detalló, en la conferencia mañanera de este martes 14 de abril, que existe riesgos para testigos, víctimas y personal de seguridad la posible liberación de estos presuntos delincuentes; pues declaró que muchos de éstos están vinculados a grupos del crimen organizado; además que podrían representar una amenaza para la población en general.
“Hacemos un llamado a la Corte a respetar la Constitución, respetar la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones”, comentó Alcalde Luján.
La titular de la Secretaría de Gobernación detalló que la SCJN está considerando invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a los jueces del país no aplicar la prisión preventiva de oficio, esto a raíz de que una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en enero de 2023, exigió la eliminación de la prisión preventiva.
“El viernes pasado el gabinete de Seguridad le enviamos una carta a todas las ministras, a todos los ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones y de entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11,640 acusados de homicidio, 7,150 acusados de secuestro, 5,617 de violación, 4,013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3,800 de portación de armamento y explosivos, 1,405 de feminicidio, 1,273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada”, detalló la titular de la Segob.
Cabe destacar que el número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y de la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse”, dijo Luisa María Alcalde.
